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Nos quieren dejar atrás. Y no lo vamos a aceptar

Declaración de las organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe emitida hoy, 19 de abril, en la segunda reunión del Foro LAC sobre el Desarrollo Sostenible 2030.

Las personas representantes de organizaciones, sindicatos, asociaciones, federaciones, redes, coaliciones, articulaciones, colectivos y movimientos sociales participantes en este foro, expresamos nuestra indignación con los escasos avances en la implementación de la Agenda 2030 en nuestra región.

No nos sentimos representadas ni representados por la Declaración Intergubernamental que se aprueba en este Foro, pero seguiremos trabajando por la implementación efectiva de la Agenda 2030.

Denunciamos los ataques constantes a la democracia en la región.

La realidad es que nuestra región está sangrando por los continuos asesinatos a  líderes y actores sociales, defensoras y defensores de nuestros derechos, por levantar la voz ante la injusticia social, ambiental y económica, por cuestionar el status quo y los privilegios, y por lo tanto, no sorprende la baja confianza en las instituciones públicas.

El papel de las organizaciones de la sociedad civil es de corresponsabilidad en la implementación, seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 a nivel local, nacional, regional e internacional pero esto no ha sido respetado por los gobiernos.

Exigimos un entorno favorable para nuestro trabajo, la sostenibilidad y presupuestos suficientes para la participación efectiva de la sociedad civil. Exigimos formar parte de la definición de indicadores regionales y nacionales, y que nuestros informes sean reconocidos como documentos oficiales de las instancias de seguimiento de la Agenda 2030.

Exigimos que se garantice el acceso a la información como un derecho humano, una agenda participativa, inclusiva y democrática, en donde todas las personas se puedan empoderar y beneficiar de las oportunidades económicas y sociales, de manera informada y comprometida.

También instamos a los países a ratificar el Acuerdo Regional del Principio 10 sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Es necesario actuar urgentemente para garantizar la paz con justicia social en la región y hacer frente a la violencia política y económica que sigue cobrando vidas, impulsando migraciones, desplazamiento forzado y la pérdida de derechos fundamentales. Y nada de eso se refleja en la Declaración Intergubernamental que, definitivamente, no habla de la realidad regional. Resaltamos la incapacidad de atender las profundas crisis humanitarias que nos afectan.

Es grave que, a pesar de que los países de América Latina y el Caribe han ratificado Tratados y Convenios internacionales que constituyen la base para alcanzar la justicia social, ambiental y económica[1], estos no están siendo implementados de manera eficiente y adecuada, lo que genera la desigualdad económica y social, altos índices de violencia, y violaciones de derechos en todas las áreas afectando particularmente a pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersex, personas con discapacidad, personas mayores, con VIH,  con sida, con tuberculosis, en situación de calle, privadas de libertad, migrantes, refugiadas, trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar y quienes viven en áreas rurales.

La corrupción es un ultraje a los Pueblos de América Latina y el Caribe que corroe estructuralmente a nuestras sociedades e instituciones democráticas, pero que goza de impunidad, desvía ilícitamente recursos que deberían estar al servicio de la superación de la pobreza, las graves desigualdades y asimetrías que violentan los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales de millones de personas.

Denunciamos la reducción en el último año de los presupuestos en educación, salud y cultura en varios países de la región, y los crecientes procesos de privatización de estas áreas estratégicas para el desarrollo.

Denunciamos el deterioro de los sistemas de educación públicos y reclamamos la educación pública, universal, gratuita, laica, inclusiva, de calidad, a lo largo de toda la vida. Exigimos la laicidad del Estado y denunciamos la influencia de los fundamentalismos religiosos en los currículos escolares, que impiden la educación integral en sexualidad y la garantía de la igualdad de género.

Exigimos acceso a servicios públicos de calidad, accesibles, libres de estigma y discriminación, y la atención a los determinantes ambientales, sociales y culturales para dar respuesta a enfermedades crónico-degenerativas, no transmisibles, de transmisión por vectores, así como la tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, particularmente el VIH, y las que implican nuevos retos.

Denunciamos la discriminación, violencias y homicidios basados en orientación sexual, e identidad de género, incluyendo el aumento de los feminicidios y la baja inversión en políticas encaminadas a la promoción de la igualdad de género, y a la prevención y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas. Exigimos políticas que resulten en el empoderamiento de mujeres en su diversidad y lo largo del ciclo de vida.

Es una contradicción que la Declaración Intergubernamental hable de la importancia de los sistemas de protección social (Párrafo 9), mientras los países en realidad reducen los presupuestos de los sistemas de salud, seguridad y asistencia social; limitando los derechos de las personas, profundizando la pobreza y agudizando la desigualdad, sin invertir suficiente en la seguridad alimentaria. Además, alertamos sobre la precarización y la sistemática reducción de los derechos de trabajadoras y trabajadores. Reclamamos trabajo decente: acceso al empleo, diálogo social, derecho al trabajo, salario digno y protección social.

Evidenciamos la complicidad entre gobiernos y empresas para acaparar, sobre-explotar y adoptar políticas de extractivismo sobre nuestros bienes comunes naturales, nuestras tierras, bosques, agricultura, refugios ambientales, agua, fauna, energía y sistemas de vida.

Exigimos el respeto al Convenio 169 de la OIT y las inversiones adecuadas en agua y saneamiento sostenible, conservación y restauración de áreas naturales prioritarias. Exigimos que se garantice la vida integral, sus sistemas de vida y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, devolviendo  a ellos sus territorios ancestrales.

El Acuerdo de París no se está cumpliendo. Los gobiernos no han tomado medidas contundentes para la reducción de emisiones a los niveles comprometidos, no  implementan estrategias de adaptación y tampoco han cambiado los modelos de producción y consumo para garantizar la transición justa, a partir del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Exigimos que en la implementación de las políticas de cambio climático y desarrollo sostenible, se garanticen los derechos humanos de las poblaciones particularmente afectadas.

Expresamos nuestro repudio al modelo económico que sigue dominando la región y que la Declaración Intergubernamental está afirmando. América Latina y el Caribe sigue siendo la región con más desigualdades, con una economía basada en productos primarios, sin avances significativos en el desarrollo tecnológico y la innovación,        mientras seguimos sometidos a los intereses de los mercados principales de Estados Unidos, Europa y China, y firmando tratados de libre comercio que no benefician los intereses de la mayoría de la población. Exigimos inversión en el desarrollo de otros modelos, como la economía solidaria y la agricultura familiar.

Sin democracia económica en la región, observamos que la pobreza vuelve a crecer afectando aún más a las mujeres y niñas. Esto no va cambiar si nuestros pueblos no participan de las decisiones sobre presupuestos nacionales y si los gobiernos siguen cerrando los espacios a la participación de la sociedad civil, mientras abren las puertas a las corporaciones nacionales y transnacionales, promoviendo la privatización sin criterios y Alianzas Público-Privadas de bajo interés público, baja calidad de servicios y sin transparencia. Exigimos ya, la rendición de cuentas de empresas y la debida diligencia obligatoria con un piso mínimo en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.

Condenamos que los gobiernos firmantes de la Declaración Intergubernamental sigan optando por políticas de austeridad y endeudamiento público sin reconocer y resolver problemas sistémicos, como el crecimiento de las deudas externas e internas, la desigualdad y la regresividad fiscal. Las brechas actuales resultan de la ausencia de regulación efectiva de los mercados y de los sistemas financieros, por ello demandamos justicia fiscal y herramientas para combatir la evasión y elusión.

Es preocupante que la Asistencia Oficial para el Desarrollo esté siendo utilizada por los países donantes para, por ejemplo, lidiar con la crisis migratoria generada por sus propias políticas, mientras se reducen los fondos de cooperación a los países que más lo necesitan. Es necesario también reconocer las desigualdades internas de los países de renta media y los diferentes niveles de vulnerabilidad climática.

Es preocupante que los gobiernos no se comprometieron con los mecanismos innovadores de financiación para la Agenda 2030, y ahora defienden las 'herramientas financieras innovadoras' (Párrafo 23) sin considerar la vulnerabilidad creada por esas herramientas, como las Obligaciones de Deuda Garantizada o Permutas de Cobertura por Incumplimiento Crediticio.

Los gobiernos tampoco han avanzado en la alineación de sus bancos públicos a los ODS y siguen financiando proyectos e iniciativas que perjudican las tres dimensiones de la agenda, con bajo retorno de inversión.

Repudiamos el actual escenario regional de radicalización de las agendas conservadoras y antidemocráticas, los programas económicos y políticos cuyos impactos afectan a las mayorías de los sectores sociales y populares. A la vez, reconocemos y aplaudimos la movilización social y al trabajo incansable de las y los activistas. Recordamos a los gobiernos que su trabajo debe velar por los intereses de toda su población, especialmente las más vulnerabilizadas.

¡Nos están dejando atrás! y eso no lo vamos a aceptar.

 

Organizaciones firmantes:

  • Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG)
  • ACCIÓN-Asociación Chilena de ONG
  • ACT!2030 México
  • Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo
  • Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes
  • Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC)
  • Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud- México
  • Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
  • Clóset de Sor Juana
  • Coalición de Activistas en Tuberculosis de las Américas
  • Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA)
  • Consejo Latinoamericano del Caribe con Servicios del VIH/sida (LACCASO)
  • Consejo Nacional de Voluntad Organizada ACd
  • Coordinadora por los Derechos de Infancia y la Adolescencia de Paraguay (CDIA)
  • Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos
  • Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia-México
  • Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB)
  • Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)
  • Freshwater Action Network-Mexico
  • Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual-México
  • Fundamental Colombia / WNUSP/ IDA
  • Gestos-Soropositividade, comunicaçao e genero
  • Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para Agenda 2030-Brasil
  • MESA de Articulación de Asociaciones y Redes de ONG ALC
  • Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC)
  • Observatorio Ciudadano-Chile
  • Oxfam México
  • Parcería Brasileira contra la Tuberculosis (Stop TB)-Brasil
  • Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
  • Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior por la discapacidad (RCIESD)
  • Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica y el Caribe Hispano
  • Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS)
  • Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales (RedLAC)
  • Red Nacional de Personas Viviendo con VIH-Brasil
  • Resurj
  • Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC)
  • Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)-Bolivia
  • Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina y el Caribe

 

[1] Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convenciones y pactos internacionales como; La Convención de derechos de la Mujer, Convención de los Derechos del Niño, Convención de Derechos de personas con Discapacidad, La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Convención Interamericana para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Recomendaciones de la OIT, Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, Plan de Acción de Iberoamérica para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración Política sobre el VIH y sida: En la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del sida para 2030 y otros instrumentos de Derechos Humanos.

 

La Declaración fue publicada originalmente aquí.